| La libre circulación de opiniones, informaciones e ideas, constituye el presupuesto esencial de cualquier sociedad democrática. Por eso, la libertad de expresión es calificada como “preferida”, pues es origen de otros derechos y libertades fundamentales. El Estado debe proteger y garantizar este derecho ensanchando y robusteciendo su alcance, para sumar la mayor cantidad de voces; nunca para prohibir, restringir, obstaculizar o limitar la presencia de informaciones u opiniones.
El gobierno nacional ha demostrado siempre una gran intolerancia hacia las opiniones críticas de parte de la prensa, cuando la función de ésta es, precisamente, la de cuestionar el desenvolvimiento de los funcionarios públicos, llevando a cabo el control ciudadano sobre la administración del Estado.
En el debate de La ley de medios, la UCR advirtió a la sociedad de la existencia de un plan del gobierno tendiente a la creación de una plataforma comunicacional de base electoralista de modo de garantizar la difusión de un mensaje único, acallando las voces de quienes podían pensar diferente.
De igual modo, se constata una utilización escandalosa de los dineros públicos en las pautas de publicidad oficial. La asignación de más de mil millones de pesos sin ningún tipo de control, premiando o castigando a los medios según su alineamiento con el gobierno y la entrega de decodificadores gratuitos para acceder a la televisión digital en la que se ha asegurado la presencia de canales oficiales, son ejemplos del intento del gobierno de monopolizar y establecer un discurso político hegemónico en la Argentina.
En la misma zaga, se suma ahora la cancelación de la licencia de Fibertel y el anuncio de “graves revelaciones” respecto de Papel Prensa. La resolución respecto de la proveedora de servicios de internet es ilegal, arbitraria, afecta la competencia y conculca los derechos de los usuarios. Es absurdo que se esgrima el argumento de una ausencia de autorización debido a una fusión empresaria, cuando el propio Estado ha violado los plazos que le otorga la misma reglamentación que invoca y los supuestos de los que depende la concesión de la licencia. Se trata de una decisión que, desconociendo el debido proceso legal, restringe la libre competencia y perjudica notablemente a mas de un millón de usuarios que se ven obligados, sin seguridad alguna de obtener el servicio, de contratar con los servidores que el gobierno les indica.
La cuestión de Papel Prensa debe ser analizada con sumo cuidado y dirimida en sede judicial. Está en juego nada menos que la provisión de papel a los medios gráficos. El control de esta empresa por parte de un gobierno que desprecia las reglas y actúa discrecional y arbitrariamente en su beneficio, constituye una circunstancia sumamente grave. No en vano, la Convención Americana de Derechos Humanos destaca que el suministro de papel para periódicos puede ser utilizado por el Estado para restringir la libertad de expresión de modo análogo a la censura.
La UCR ha luchado desde hace mas de un siglo por la vigencia del estado de derecho y la vigencia de los derechos y libertades que consagra nuestra Constitución Nacional. El respeto irrestricto de la ley por parte de las autoridades y la búsqueda del interés público, por encima de la voluntad del príncipe, constituyen los elementos imprescindibles para la existencia de una democracia constitucional que brinde un marco de certeza y seguridad jurídica, dentro del cual pueda realizarse el desarrollo y la igualdad de todos los habitantes del país.
Por ello, la UCR, al tiempo que exhorta al gobierno nacional a que retome el rumbo que marca el estado de Derecho, anuncia que no tolerará en silencio aquellos comportamientos que lo conculquen.
La UCR instruye a sus estamentos orgánicos partidarios y a sus bloques parlamentarios a adoptar todas las medidas legislativas, judiciales y toda otra acción necesaria para poner freno al abuso de poder y al persistente intento por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para degradar la democracia y la República, limitar las libertades públicas y quebrantar la seguridad jurídica.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010 | 
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